Apenas han pasado 10 días desde la instauración obligatoria del certificado energético para poder vender o alquilar una vivienda. Como era de esperar, los particulares propietarios de una vivienda se lo están tomando con calma. Basta con echar un vistazo a las webs inmobiliarias para comprobar que en el apartado de ‘certificación energética’ las respuestas más frecuentes son la de ‘no disponible’ o ‘en trámite’, en el mejor de los casos.
"Hay una paranoia absoluta”, reconocía recientemente el director general de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, si bien lanzaba un mensaje de tranquilidad al asegurar que, como ha sucedido en otros países, habrá un periodo de adaptación a la nueva normativa.
Esa misma paranoia es también palpable al otro lado de la barrera. Es decir, entre quienes deben emitir dichos certificados: arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos. La guerra de precios no se ha hecho esperar puesto que, en un entorno de crisis como el actual y tras el pinchazo inmobiliario, la certificación energética se ha presentado, para muchos de ellos, como un oasis en el desierto.
Ante la ausencia de honorarios preestablecidos y fijados -para un piso de 90 metros cuadrados el presupuesto ronda los 165 euros, según Certicalia.com-, cada profesional cobra a cada cliente lo que quiere. De ahí que no hayan tardado en aparecer precios ‘alarmantemente bajos’, tal y como ya temían en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM). Webs especializadas en descuentos como Groupalia, Groupon o Letsbonus no han tardado en subirse al carro de la certificación energética como si de una sesión de spa o de una cena romántica se tratase. Los descuentos ofrecidos alcanzan hasta el 70% con precios que se sitúan por debajo incluso de los 80 euros. Precios que, según los arquitectos consultados por El Confidencial, sólo se explican si el arquitecto está trabajando a pérdidas o si no está haciendo bien su trabajo.
Al calor de la certificación energética, también han proliferado en Internet numerosas páginas o plataformas gratuitas encargadas de poner en contacto al particular y al técnico competente y que se financian a través de publicidad o a cambio de una pequeña aportación. Pero “mención aparte merece lo que está ocurriendo con aquellas que realizan subastas de precios a tiempo real. Son los técnicos los que pujan por realizar la certificación energética de un inmueble. Esto ya es lo último de lo último”, lamenta Jordi Torrijos, arquitecto de Valencia.
“Una vivienda de Huelva de unos 85 metros cuadrados comienza una mañana con precio de salida de 300 euros y por la tarde se cierra la subasta en 90 euros. Y lo más curioso”, explica Torrijos, “es que es la web la que lleva el ritmo de la puja, no el técnico”.
Como él, son muchos los profesionales que lamentan la falta de seriedad que se ha generado en torno a la certificación energética. “Hemos matado a la gallina de los huevos de oro para hacernos un caldo”, señala Almudena Gancedo, arquitecto técnico de Valencia en su blog. Opinión que suscribe Torrijos: "Estamos ante un mercado muerto y enterrado antes de nacer. El profesional se dará cuenta, cuando haga el certificado, que a estos precios el importe está prostituido. Entre el desplazamiento, las horas de inspección y toma de datos del inmueble, las horas de introducir datos de programa, etc., le ha salido caro", añade.
"Me niego a trabajar a pérdidas"
“Yo no puedo trabajar a los precios que he estado viendo. Y además, me niego. He visto a gente que trabaja con pérdidas y me niego a perder dinero”, confiesa Manuel Matencio, arquitecto cordobés miembro de ticAT, un grupo de debate al que también pertenece Almudena Gancedo, impulsado por arquitectos técnicos que se conocieron a través de las redes sociales. Precisamente, la certificación energética y los honorarios centraron su último debate.
“Hay plataformas y empresas que están ofertando precios máximos por certificación absolutamente ridículos. Trabajar en estas condiciones es la definición más clara, en nuestra opinión, del trabajo basura”, denuncia Jordi Torrijos en su blog. "Trabajar a estos precios raya la explotación, y con ello también la calidad del servicio. El trabajo mal pagado lleva ineludiblemente a su mala calidad: toma incorrecta de datos, abuso de los valores de cálculo por defecto y peores etiquetas de las que el inmueble obtendría con un trabajo más cuidadoso”, denuncia este arquitecto valenciano.
Tirar los precios puede tener efectos muy perniciosos tanto para el propio profesional que emite el certificado como para consumidor. El Real Decreto 235/2013 contempla sanciones para el profesional. "Si se emite una nota igual a C o superior, entra en juego la entidad de control de cada comunidad autónoma, que deberá cotejar datos y comprobar que la etiqueta de ese inmueble es la adecuada. Existen sanciones y responsabilidad civil y ambas siempre recaerán sobre el que emite el certificado, que es quien ha hecho mal su trabajo. El cliente sólo se limita a registrar el certificado y, salvo que se hubiera producido un soborno por parte del cliente para obtener un calificación alta, este no resultaría sancionado", explica Torrijos.
No obstante, Almudena Gancedo añade que "si se ha producido falsedad o el certificado no se ajusta a la realidad, el real decreto contempla una sanción grave de 6.000 euros más el beneficio que haya conseguido el vendedor de la vivienda por tener una mejor calificación. Así, si ha vendido una vivienda tipo A cuando en realidad es C y por ser A la ha vendido un 20% más cara, la multa sería de 6.000 euros más ese 20% que ha ganado de más".
También puede suceder que la calificación obtenida sea mala y con el tiempo se demuestre que el inmueble en cuestión era más eficiente de lo que recoge la etiqueta. "El propietario podría en ese caso reclamar al profesional que emitió el certificado y pedirle una compensación económica. La responsabilidad civil es enorme y eso es lo que a muchos profesionales se le está olvidando a la hora de ofertar sus servicios. El certificado es algo muy serio", concluye Torrijos.
"La ley permite que se haga mal"
"El propio real decreto permite al profesional hacer mal su trabajo. Le permite dar una G a un inmueble y no 'mojarse' si en un futuro un cliente le reclama", denuncia Almudena Gancedo. "Es como si tú ofreces un servicio de transporte y un cliente quiere ir de Sevilla a Madrid. Puedes llevarle de un punto a otro, pero no es lo mismo ir en un Seiscientos que en un Mercedes. Pues con los programas de certificación energética pasa lo mismo".
"No es lo mismo utilizar el procedimiento simplificado de los programas diseñados para emitir estos certificados por los que un profesional puede cobrar 80 euros que el procedimiento general que exige un mayor esfuerzo, tiempo y dedicación por su parte", añade Antonio Diestro, arquitecto técnico malagueño, miembro también del grupo ticAT.
Notícia de certificación energética publicada por
elconfidencial.com
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